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La Nueva Ley de Telecomunicaciones 2025 en México: Avances, Retos y Controversias


La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 2025 representa una actualización significativa del marco regulatorio mexicano en un contexto de rápida evolución tecnológica. Esta reforma busca adaptarse a los desafíos de la digitalización, la competencia en el sector y los derechos de los usuarios, pero también genera debates sobre su impacto real en el mercado y la libertad de expresión.


1. Cambios Estructurales y Nuevos Organismos


  • Desaparición del IFT: La Ley elimina el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo que regulaba el sector desde 2013, y transfiere sus funciones a dos nuevas entidades:

    • Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT): Secretaría encargada de la gestión del espectro, concesiones, operación satelital y vigilancia del sector.

    • Comisión Reguladora de Telecomunicaciones: Órgano desconcentrado de la ATDT, con independencia técnica y operativa, pero cuyos integrantes son propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado.


2. Principales Objetivos y Alcances


  • Acceso Universal: Busca garantizar el acceso a internet y servicios de telecomunicaciones en zonas marginadas, con concesiones sociales, comunitarias e indígenas exentas de pago de derechos.

  • Cobertura y Precios: Favorece la expansión de cobertura, especialmente en áreas prioritarias, y regula los costos de servicios y dispositivos móviles para asegurar precios accesibles.

  • Neutralidad de la Red: Reafirma el principio de neutralidad, obligando a que todas las redes permitan la interconexión y no discriminen el tráfico de datos.

  • Soberanía y Seguridad: El Estado reserva espectro para seguridad nacional y puede proveer servicios directamente, sin pago de contraprestaciones económicas.


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3. Aspectos Controversiales


  • Concentración de Poder: La ATDT y la Comisión Reguladora concentran facultades regulatorias, operativas y de vigilancia, con nombramientos centralizados, lo que genera preocupaciones sobre autonomía y posibles riesgos de control político.

  • Colaboración Obligatoria y Privacidad: Las empresas deben conservar datos de usuarios por dos años y entregarlos a autoridades en 24 horas si se solicita. Aunque el gobierno asegura que solo será bajo orden judicial, especialistas advierten sobre riesgos para la privacidad y el potencial de vigilancia masiva.

  • Bloqueo de Plataformas: Se faculta a la ATDT para bloquear temporalmente plataformas digitales que difundan campañas de gobiernos extranjeros o por razones de seguridad nacional, lo que ha sido criticado por su posible impacto en la libertad de expresión.

  • Geolocalización y Datos Biométricos: Registro obligatorio de líneas móviles asociadas a CURP y, en algunos casos, datos biométricos, para combatir delitos de alto impacto, pero con riesgos de abuso.


4. Avances y Riesgos


Aspecto

Avances Potenciales

Riesgos o Críticas

Acceso universal

Impulsa conectividad en zonas marginadas

Puede ser insuficiente sin inversión sostenida

Regulación de precios

Busca tarifas accesibles y transparencia

Riesgo de intervención excesiva y distorsión

Neutralidad de la red

Refuerza el principio constitucional

Falta de claridad en mecanismos de cumplimiento

Concentración regulatoria

Simplifica la estructura institucional

Menor autonomía, posible control político

Protección de datos

Promete solo acceso bajo orden judicial

Riesgo de vigilancia y erosión de privacidad

Bloqueo de plataformas

Herramienta para seguridad nacional

Potencial censura y restricción de libertades


La Ley de Telecomunicaciones 2025 representa un cambio profundo en la gobernanza digital de México. Esta ley plantea avances en acceso universal y neutralidad de la red, pero también plantea un modelo de concentración de poder, las obligaciones de colaboración y las facultades de bloqueo generan preocupaciones legítimas sobre derechos digitales, privacidad y libertad de expresión. Pepe Merino, quien es el actual titular de esta Agencia, tiene una gran responsabilidad y un gran reto, sin embargo, el ecosistema tecnológico en el país es fuerte y puede aportar de manera considerable. La sociedad civil y los expertos recomiendan un mayor debate y ajustes para garantizar un equilibrio entre innovación, inclusión y protección de derechos fundamentales.

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